Darsi Ferrer
El reciente plebiscito
aprobado en la República de Irlanda fue el procedimiento más racional para
enfrentar los nuevos retos que trae consigo esta fase superior de desarrollo
que se denomina Globalización. Y el cuerpo de transición más importante,
precisamente porque define el destino de todos los implicados, es el
mejoramiento y consolidación del Estado de Derecho y la democracia
representativa, es decir, apelar a la voluntad popular claramente expresada en
una votación, sobre un asunto tan significativo como resulta el apretarse el
cinturón para sanear las finanzas y superar la crisis económica nacional.
Por eso, es de buen tino
irse acostumbrando al cada vez más dinámico método de las consultas a los
pueblos. Los conceptos de democracia representativa y Estado de Derecho, lejos
de estar caducos, se renuevan con ese tipo de ejercicio democrático. Hay que
utilizarlos cada vez que se presenten asuntos medulares, que comprometan el
futuro de toda la población de un país. No se puede permitir que un grupo
minoritario y virulentamente belicoso asuma para sí la representación de la
sociedad por el simple expediente de plantarse en un sitio y protestar. Eso no
es democracia, si no su tergiversación. Un ejemplo evidente lo constituye el
Partido de los Independentistas Puertorriqueños, cuando hace años se proclamaba
defensor y voz de la voluntad popular estrangulada por el “yugo yanqui”, y en
diversos plebiscitos referidos al asunto de la soberanía se descubrió que
apenas representaba algo más del 1 % de los votantes del Estado Libre Asociado.
Si los irlandeses se
equivocaron al optar por ese mecanismo, nadie podrá decir que fue por una
conjura secreta de un club de millonarios, argumento al que la izquierda
crispada le echa garra constantemente para sostener acusaciones de gigantesca
conspiración. Y si tenían razón los que por mayoría ganaron la consulta,
quedará doblemente demostrado que era un error otorgarle la categoría de “voz
del pueblo” a los “indignados” que se proclaman de tal modo, bajo la consigna
99 %.
Este referéndum popular
ratifica la responsabilidad con que el pueblo y las autoridades de la República
de Irlanda han emprendido el camino de la solución de sus presentes problemas.
Es una consecuencia positiva y realista para enfrentar las dificultades
surgidas por el reajuste económico devenido del tránsito hacia una fase
superior de modernidad. Con sus resultados, la nación europea aceptó el mismo
plan de medidas de austeridad al que aparentemente se niegan en masa los
“indignados” griegos, españoles, norteamericanos… Es un procedimiento que no
deja dudas sobre lo que piensa la mayoría sobre una cuestión de índole general.
Como herramienta de soberanía, es impecable.
Muy distinta es la situación
en otras naciones del viejo continente, donde el panorama desolador generado
por la crisis económica, conlleva a que las élites políticas apelen a
alternativas inadecuadas para lidiar con esos problemas y hallar soluciones
viables y duraderas. En Grecia los políticos de izquierda, con el liderazgo de
Alexis Tsipras se han lanzado a pescar en río revuelto, con la pretensión de
aprovecharse de la desesperación y descontento de sus conciudadanos para
atrapar el poder. Sin ningún recato utilizan discursos manipuladores, a base de
promesas de no adoptar medidas de austeridad, y hasta desechar los acuerdos
contraídos con las instituciones del Bloque a raíz de los millonarios préstamos
financieros de los que se ha beneficiado su quebrada nación. En España andan
por otro trillo también perjudicial. El gobierno derechista de Mariano Rajoy,
al que el pueblo de ese país eligió masivamente en las elecciones hace apenas
cinco meses, lejos de actuar con transparencia hace lo contrario. Por estos
días negoció con las instituciones europeas un rescate financiero de 100 mil
millones de euros y no le llama por su nombre. Habla de “ayuda ventajosa” que
servirá para recapitalizar a la Banca, y sus declaraciones no convencen, sino
que despiertan resquemores y la ira de muchos de sus compatriotas duramente
golpeados por las dificultades
económicas.
De modo general, en todas
estos naciones sucede que los inconformes se niegan a aceptar el fin de una
serie de prebendas y beneficios sociales que ya no pueden cubrirse porque
carecen de respaldo monetario, aunque este no es el dilema fundamental. El eje
del asunto radica en la propia inviabilidad del Estado como gigantesco creador
de Bienestar Social. La práctica histórica ha demostrado que ese esquema sólo
sirve para generar, mediante un mecanismo populista de apoyo, desde empleo
innecesario e improductivo hasta subsidios absurdos y fondos mal administrados
con corrupción aledaña. Y lo que es peor, todo ello justificado por la
representatividad delegada cada cuatro o cinco años, sin previa consulta con el
pueblo, el genuino dueño de ese dinero. Sólo un pequeño grupo de personas de la
clase política en el gobierno de turno es la que maneja los recursos públicos a
su estrecho criterio o conveniencia. Esta situación privilegiada de las élites
gobernantes provoca un despilfarro de recursos recaudados mediante impuestos,
aranceles y otros, en inversiones de beneficios dudosos que pudieran ser mejor
concebidas y administradas. Como efecto, muchas personas de sectores
vulnerables, completamente desvalidas que existen en toda sociedad, se quedan
sin la ayuda que realmente necesitan. Son las víctimas más dolorosas, pero no
las únicas.
La población también
participa festinadamente en el Estado de Bienestar sin preguntarse mucho o lo
suficiente para saber dónde van a parar los recursos que de ellos se recauda.
Con demasiada facilidad se dejan engatusar por pequeñas concesiones
contempladas como “conquistas sociales” y por el beneficio de subsidios que le
hacen la vida supuestamente más llevadera. Acomodados a entregar su voto en las
elecciones para que se les cumplan las gratuidades prometidas, le dan la
espalda al cuestionamiento de por qué sus insatisfacciones y limitaciones
económicas y legales persisten, y hasta se incrementan.
Esta realidad tiene lugar
precisamente porque los ciudadanos participan del ejercicio de apariencia
democrática, pero que oculta un serio desbalance cómplice entre el soberano y
el grupo que los representa por un período de gobierno. Tal desequilibrio no
pudiera existir sin el contubernio de un votante interesado en favorecerse de
la zanahoria de gratuidades, ni tampoco sin su contraparte, una maquinaria
política de partidos de corte democrático que se acomodan y tornan arrogantes y
elitistas en el poder. En correspondencia, se crea un círculo vicioso donde
todos se corrompen y buscan la manera de beneficiarse de ese maná.
Con posterioridad a la 2da
Guerra Mundial, a la par del proceso de crecimiento de naciones democráticas,
ha ido consolidándose el esquema de supuesta justa redistribución del ingreso
público. Pero el tremebundo resultado general al que ahora se llega por el
aceleramiento que imponen las nuevas dinámicas globales, es que la
retroalimentación de este proceso tergiversador acumula una deuda cada vez más
incosteable, con mayores subsidios, corrupción y burocracia que cubrir.
Los avances de la
Globalización como un integrador que nadie gobierna pero que refleja de manera
firme y segura las preferencias mundiales, impactan contra aspectos caducos que
se resisten a desaparecer de los modelos de civilización. De igual manera que
en otras épocas muchos se negaban a abandonar el alumbrado de gas por el fluido
eléctrico, que el caballo fuese sustituido por el vehículo motorizado, o la
dictadura del proletariado por la sociedad abierta y liberal, en el presente
hay quién contempla como un horroroso retroceso el fin de una Sociedad de
Beneficencia y Subsidios, de “conquistas sociales” como salarios mínimos,
subsidios de desempleo garantizados por generaciones, aumentos salariales
generales y la ausencia de una correspondencia entre lo que se produce y
consume.
Muchas personas en Grecia,
España, Portugal, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de
economías de mercado están atrapadas en las contradictorias condiciones que la
nueva era pone en entre dicho por ser completamente inviables. Hoy vive una
plena crisis el modelo de Estado Benefactor, dueño y ejecutor de los ingresos
públicos. Las leyes de la oferta y la demanda, el castigo y el premio a la buena
o mala ejecutoria política, aunque parezcan
despiadadas, son patrones de medición más firmes y seguros de ese
caballo mustango que es la economía de todos. Pero para llegar a ese consenso,
como en el caso irlandés, se requiere expresarlo de manera clara y contundente
en todos los aspectos que sean importantes.
Nunca antes como ahora
existen las posibilidades tecnológicas para que los plebiscitos puedan dejar de
ser un engorroso y costoso proceso de consulta popular. Los medios modernos de
comunicación cada vez hacen más real la denominada Súper-Carretera Informativa,
donde coinciden los diversos medios de trasmisión y recepción con vastas redes
sociales y otros artilugios que de seguro se sumarán. La mejor inversión que
puede hacer una nación es establecer el mecanismo especializado para que, sin
temor a engaños o manipulaciones, la consulta de la nación en los asuntos
vitales sea cada vez más frecuente y precisa. Así se evitarían las trampas que
en el presente no sólo se han provocado a sí mismos el clientelismo popular y
el elitismo de los partidos, si no lo más importante, se evitaría el
sufrimiento, las pérdidas económicas y de propiedad, el rencor y la ira de los
más perjudicados.
darsiferrer@yahoo.com
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